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David Bravo presentó los resultados del estudio de percepción de la Defensoría Penal Pública

 

El 95% de las personas encuestadas por los profesionales del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales relevó la importancia de la existencia de una institución que defienda los derechos de los imputados.  De igual manera el 70,7 % está de acuerdo con que el Estado garantice una defensa gratuita y de calidad. Estos fueron algunos de los resultados del estudio llamado “Percepción del servicio de la Defensoría Penal Pública”, realizado durante diciembre de 2015 sobre una muestra efectiva de 1.202 encuestas, el cual posee un 2,8% de error muestral para estimaciones de nivel nacional y un 95% de confianza. 
 

Rehabilitación y baja confianza

La encuesta reveló que la ciudadanía considera que la medida más importante para mejorar el sistema de justicia es la inversión en prevención y detección temprana de delitos, seguida por la rehabilitación y la reinserción social, quedando en un tercer lugar el mayor control o vigilancia policial. De igual forma las personas consultadas manifestaron tener un bajo nivel de confianza en las instituciones relacionadas con la justicia en Chile y creen que hay diferencias entre cómo se trata a los individuos según su posición social. Por ejemplo, el 83,8%  está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que “la justicia es igual para todos” y un 95% está de acuerdo con la frase “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o por su estatus  social”. 

En lo que atañe a la evaluación que las personas hacen del sistema de justicia, sólo el 8,3% de las personas dijo estar satisfecho o muy satisfecho con él y sólo un 11% cree que es mejor que hace 10 años atrás. Esto se suma a que, aunque el 52% dijo tener conocimiento de la reforma procesal penal, sólo el 26% conocía efectivamente en qué consistía.

“Si bien la evaluación del sistema en términos de su funcionamiento general es deficiente, al consultar a los encuestados por las principales instituciones que forman parte del sistema, la evaluación es muy superior. Lo anterior, junto con la preferencia de las personas por medidas de carácter más preventivo que represivo como solución para el problema de la delincuencia, son aspectos positivos para resaltar de este estudio”, dijo David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales.
 

Defensoría y derechos

En cuanto al conocimiento y valoración de la Defensoría Penal Pública, el 44% dice conocer a la institución y de ellos un 59% puede describir su principal función, “garantizar que toda persona imputada por un delito cuente con un abogado defensor”. Respecto al atributo que más valorarían de una defensa penal es que se les explique en forma clara la situación que viven las personas imputadas de algún delito. 

Respecto de los derechos de las personas detenidas, el 89% de los consultados estuvieron de acuerdo con la frase “una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, esto a pesar de que reconocen que “ser tratado como inocente” es el derecho menos respetado. 

“Para la Defensoría esta información es muy relevante, pues por un lado vemos cómo en Chile se valora la presunción de inocencia para la realización de un juicio justo, pero las personas se dan cuenta que este derecho fundamental no se respeta” señaló el Defensor Nacional, Andrés Mahnke. Asimismo, agregó que si bien es conocida la baja confianza que tendría la ciudadanía en la justicia, información como ésta obliga a los distintos actores que forman parte de la justicia penal como la Fiscalía, la Defensoría y el Poder Judicial, a realizar un mayor esfuerzo para acercar el sistema a las personas. "También hay que tener claro que hoy, por el debate en medios de comunicación, es más fácil que recaiga en el sistema de justicia la responsabilidad por la mala evaluación sobre la seguridad pública, en circunstancias que la propia ciudadanía entiende que la clave para resolver los problemas está en una mayor inversión en la prevención y reinserción de quienes cometen delitos” dijo.
 

Delincuencia

Por otro lado, el 36,2% cree que el principal problema del país es la delincuencia. Esto seguido por la corrupción con un 9,9% y la pobreza con un 9,5%.  En este mismo sentido, el 54% está de acuerdo con las detenciones ciudadanas. Frente al 14,6% de las personas encuestadas que declaró que ella o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito. 
David Bravo destacó la caída de este indicador respecto de mediciones anteriores. "La última tasa de victimización conocida es del año 2014 y es de 25%. Nosotros al replicar la pregunta (con la diferencia que fue incluida al inicio del cuestionario) observamos una importante caída en la proporción de hogares víctimas de algún delito”. Asimismo, el académico de la Universidad Católica destacó la contribución que este tipo de estudios empíricos hace a la discusión pública en el país.

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