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David Bravo presentó en la Cámara de Hacienda sus comentarios y sugerencias al proyecto que busca fortalecer el sistema estadístico del país

El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales enfatizó en la necesidad de que el nuevo marco legal asegure la excelencia técnica como uno de los principales objetivos del INE.

David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales fue uno de los invitados a exponer en la Comisión de Hacienda que se reunió el 7 de marzo en el Congreso para debatir el proyecto de ley que busca crear una nueva institucionalidad para el sistema estadístico nacional.

Fue categórico al señalar que es necesario tomar medidas ante el debilitamiento de la institucionalidad estadística provocada, entre otras cosas, por la polémica de la Encuesta Casen ocurrida el 2012 y el fallido Censo del mismo año.  “El fortalecimiento es urgente y el proyecto oportuno… tiene las bases para una discusión apropiada”, citó en su presentación.

Sin embargo, si bien rescata algunos aspectos positivos del proyecto como la incorporación significativa de recursos, señaló que para avanzar en la materia, es necesario que el INE, el Gobierno y el Congreso expliciten de forma clara el diagnóstico sobre las características, debilidades y fortalezas del actual INE, de manera que el nuevo proyecto pueda recogerlas y mejorar lo que sea necesario. “Creo que hace falta enfatizar la excelencia técnica como uno de los objetivos del INE a asegurar en el nuevo marco legal”, expresó.

Respecto del Consejo Técnico presentado en el proyecto esbozó algunos comentarios relevantes. Junto con delegarle un rol más proactivo, sugirió que éste contara con las facultades y los recursos para tener una asesoría internacional y para encargar estudios; que dentro de sus tareas, elabore un juicio sobre la coherencia entre los recursos disponibles y las actividades que el INE desarrolla; que de cuentas al Congreso una vez al año sobre sus tareas y el rol del INE; que elabore un informe anual; que sea garante de las actividades del INE; y que se expliciten detalladamente los deberes y responsabilidades de sus miembros.

Como otro aspecto positivo, también destacó la incorporación del acceso a la información y la transparencia como principios del Sistema Estadístico y la posibilidad que ofrece el proyecto de vincular datos administrativos y de encuestas, pero dijo extrañar en el texto el compromiso que el INE debiera adquirir para que todas las bases de datos sean de acceso público y no sólo para organismos del Estado. Asimismo, sugirió que el ente estadístico debiera entregar reportes metodológicos detallados de los levantamientos, como la disposición final de casos, tiempos de entrevista, bases de datos con variables sin imputaciones, reportes de las supervisiones realizadas y estudios pilotos.

En otro ámbito, Bravo se mostró contrario a la obligatoriedad de entrega de información. “Resulta anacrónico mantener la obligación de suministrar datos con fines estadísticos al INE. Esta obligatoriedad no garantiza y, en algunos casos, podría afectar negativamente, la calidad de la información recolectada” manifestó.

En última instancia, el economista se refirió a la medición de la pobreza planteando algunas preguntas como ¿el nuevo INE será la entidad que levantará los datos de las nuevas encuestas CASEN? ¿O será el responsable de los cálculos y medición de la pobreza? La comisión externa que se establece ¿en qué medida será necesaria?, ¿se requiere una comisión especial?

En la Comisión también expuso Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía; Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social; Andrea Ruíz, directora jurídica del Consejo para la Transparencia, la representante de los funcionarios y el de los trabajadores a honorarios del INE.


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